PGR y Hacienda investigan a ex-funcionarios del Gobierno de Veracruz por irregularidades fiscales, asegura Bueno Torio

By Costa Veracruz, 24/03/2014

por Ana Lilia Velázquez

Xalapa, Ver.- Veracruz fue la entidad con mayores observaciones fiscales tras detectarle múltiples irregularidades por un monto de 13 mil 187.5 millones de pesos, cifra que representa el 20.4% de todo el dinero en el rubro de gasto federalizado que la Auditoría Superior de la Federación  realizó observaciones correspondientes a la Cuenta Pública 2012, advirtió el diputado del PAN, Juan Bueno Torio.

De manera paralela a las auditorías realizadas por la ASF se han iniciado diversas investigaciones en contra de funcionarios estatales, en las que participan conjuntamente la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (UIF), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la propia PGR.

En entrevista, el legislador veracruzano precisó que se determinaron 16 observaciones, de las cuales 8 fueron solventadas por el gobierno estatal y las 8 restantes generaron 2 recomendaciones, 4 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, 4 solicitudes de aclaración y 3 pliegos de observaciones.

La ASF realizó en conjunto 680 auditorías al gasto federalizado, revisando 505,720.2 millones de pesos, de los cuales 64,333.5 millones estuvieron sujetos a distintas observaciones, lo que representa el 12.7% del total de los recursos revisados por la ASF.

Las irregularidades más relevantes detectadas por las auditorías efectuadas por la ASF son los siguientes:

• Probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 463,599,032.30 pesos, más los rendimientos generados, por no haber aplicado a la fecha de la auditoría los recursos reintegrados a la cuenta específica a los objetivos del Fondo para la Infraestructura Social Estatal.
• Desvío de 16,319,969 pesos de recursos destinados al Fondo para la Infraestructura Social Estatal a tres obras diversas que no cumplen con el objetivo de este fondo, las cuales fueron ejecutadas en el 2012 por la entonces Secretaría de Comunicaciones, con números de contratos SC-OP-PE-055/2012-DGCE, SC-OP-PE-080/2012-DGCE y SC-OP-PE- 082/2012-DGCE.
• Probable daño o prejuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 117,725,408.85 pesos, por no haber aplicado los recursos reintegrados a la cuenta específica del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal.
• Probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 60,173,787.01 pesos, más los rendimientos generados, por no haber aplicado los recursos reintegrados a la cuenta específica del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal.
• Probable daño o prejuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 7,577,917.06 pesos, más los intereses generados, por realizar pagos de operación no financiables con los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal.
• Probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 74,709,887.96 pesos, más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación debido al pago de diversas partidas de los capítulos 1000,2000 y 3000 que no se encuentran directamente vinculadas con el objeto
• del Convenio Marco de Coordinación.

En el caso de los recursos del Subsidio de Apoyos a las Entidades Federativas en Materia de Seguridad Pública (PROASP) y del Fondo de Aportaciones para la Seguridad de los Estados (FASP) se detectaron diversas irregularidades que derivaron en 8 recomendaciones y 6 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria.

De los 308 millones destinados a Veracruz la ASF detectó irregularidades en el manejo de alrededor de 247 millones de pesos, los cuales aún están en proceso de verificar su correcta aplicación por parte del gobierno estatal.

Hasta el momento los dos funcionarios señalados como principales implicados en este manejo irregular de los recursos federalizados son Gabriel Deantes Ramos y Edgar Spinoso Carrera, quienes hasta ayer se desempeñaron como Subsecretario de Finanzas y Administración, y como Oficial Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz, siendo removidos de sus respectivos cargos.

Es necesario precisar que Gabriel Deantes Ramos y Edgar Spinoso Carrera no son los únicos funcionarios estatales que están siendo investigados por las dependencias mencionadas anteriormente, pero son hasta ahora los principales implicados en el manejo irregular de esos recursos federalizados.

Además de las cuentas, inversiones financieras, negocios y propiedades de ambos ex funcionarios, la Unidad de Inteligencia Financiera rastrea también las de las siguientes personas y empresas vinculadas a estos ahora ex funcionarios de Veracruz:

• Alfredo Spinoso Carrera, empresario, hermano de Edgar Spinoso Carrera. Es Licenciado en Ciencias de la Comunicación, egresado de la Universidad de las Américas.
• César Spinoso Carrera, hermano de Edgar., empresario y ganadero. Es Licenciado en Administración de Empresas, egresado de la Universidad de las Américas. Fue Subdirector del Servicio Público de Carrera de la Secretaría de Finanzas y Planeación de Veracruz. Actualmente es Vocal de la Fundación Produce Veracruz (FUNPROVER), cuyo presidente honorario es Javier Duarte.
• Astrid Spinoso Carrera, hermana de Edgar.
• Elvia Carlota Besil Sampieri, esposa de Edgar Spinoso Carrera.
• Arquitecto Carlos Besil Milán, suegro de Edgar Spinoso Carrera.
• Empresa “ALEDCE S.A. de C.V.”, cuyo representante legal es Alfredo Spinoso Carrera. Empresa del ramo de la construcción y de renta de maquinaria pesada cuyas oficinas se ubican en el boulevard Cristóbal Colón, en el Fraccionamiento Jardines de Las Ánimas, ex Xalapa.
• José A. Ojeda Rodríguez, Subdirector de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación de Veracruz.
• Laura Saldaña, esposa de Gabriel Deantes.
• Eduardo Contreras Rojano, Director General de Administración de la Secretaría de
• Finanzas y Administración.
• Antonio Tarek Abdalá Saad, Tesorero.

Igualmente se investigan tres empresas supuestamente vinculadas a este funcionario: “Veintiocho Construcciones S.A. de C.V.”, “Siete Caminos S.A. de C.V.” y “Sheba Constructora e Inmobiliaria S.A. de C.V.”, concluyó el legislador veracruzano.