Utilizan indocumentados y narco-menudistas en conflicto por tierras
La Fuerza Civil de Veracruz tuvo que intervenir para desalojar a los presuntos invasores en el predio Los Almendros que eran centroamericanos.
La familia Guízar Valladares y Alejandro Gutiérrez contrataron indocumentados centroamericanos y narco-menudistas para invadir el predio Los Almendros en Coatzacoalcos.
Tuvo que intervenir la Fuerza Civil en el conflicto y puso a disposición del ministerio público a los presuntos invasores, tras una denuncia de la Organización Ciudadanos en Defensa de los Derechos Humanos
Coatzacoalcos, Ver.- La Fuerza Civil de Veracruz detuvo a 8 personas indocumentadas de origen centroamericano, y en posesión de droga, cuando en compañía de un numeroso grupo intentó invadir el predio Los Almendros ubicado al poniente de esta ciudad.
Durante esta ocupación ilegal, los indocumentados golpearon a 2 mujeres que se habían asentado en ese predio mediante casas de lámina: doña Chema Aurora Vidal, de 46 años; y la joven Elizabeth Aguirre Pachin, de 20, esta última tiene un embarazo y su feto peligra por la golpiza.
A la joven Aguirre Pachín, en condiciones de gravidez, la patearon los indocumentados ocasionándole derrame de líquido amniótico, dolor de vientre, por lo que tuvo que ser canalizada a una clínica de radiología Gabinete Rayos X, ubicada en calle Hidalgo 401.
Desde las 11 horas de este martes, un numeroso grupo de jóvenes llegaron al predio Los Almendros, por la avenida Jirafas, armados con mazos, machetes y palos, para desalojar a las familias que ocupan el predio y que simpatizan con Manuel Bringas Burelo, quien asegura ser legítimo dueño.

Llegaron con machetes y palos para destruir viviendas de posesionarios, afines a la familia Bringas Burelo.
Los Almendros es un predio de alrededor 54 hectáreas en el sector poniente y es disputado en litigio legales por Manuel Bringas Burelo y la familia Guízar Valladares, así como Alejandro Gutiérrez y Alejandro Wong Ramos, que reclaman la propiedad de este terreno en una serie de pleitos judiciales.
El abogado Samuel Muñoz de la Rosa, que preside la Organización No Gubernamental Ciudadanos en Defensa de los Derechos Humanos, es quien lleva la parte defensora de la familia Bringas Burelo, para acreditarse ese extenso terreno.
Luego de empujones, insultos, conato de violencia, la Fuerza Civil de Veracruz detuvo al grupo de personas enviadas al parecer por la familia Guízar Valladares y Alejandro Gutiérrez, que destruyeron un par de viviendas elaboradas a base de lámina que ocupaban familias posesionarios.
«A las 11 horas llegó un grupo entre 50 a 60 jóvenes, la mayoría eran centroamericanos», recordó el abogado Samuel Muñoz de la Rosa, de Ciudadanos en Defensa de los Derechos Humanos.
«Como a los 15 minutos llegó Gertrudis Guízar Valladares en una camioneta blanca, les entregó machetes, armas blancas, marros y barretas. Instalaron una casita de plástico armable y ahí comenzaron a drogarse», acusó.
Posteriormente, llegó Alejandro Gutiérrez Cabrera, acompañado de un abogado, que se ostentan como representantes es jurídicos de la constructora Arquitektur y amenazaron con tirar las casas de lámina que ocupaban los posesionarios, de la familia Bringas Burelo.
«Ellos decían que tienen una escritura por parte del Gobierno del Estado, pues el Gobierno del Estado tiene que demostrar porqué vende una propiedad que es privada», reclamó Samuel Muñoz de la Rosa.
«Pedimos el apoyo del Mando Unico y ellos detuvieron a varias personas y fueron trasladados al cuartel, a los separos del Mando Unico», recordó.
Dijo que hace 15 días, intentaron meterse al terreno, pero fue en aquella noche cuando Gertrudis Guízar Valladares portaba un arma, de las que se les conoce como «escuadra».
«Hay una mafia del Gobierno del Estado, familiares del Gobernador, altas personalidades y autoridades municipales para apoderarse de un bien, un terreno, que no les corresponde. No son dueños. Y lo vamos a defender hasta las ultimas consecuencias», advirtió el abogado Samuel Muñoz de la Rosa.
«Hemos presentado ya varias denuncias y las autoridades son omisas; están faltando a un deber legal para proteger a un grupo delictivo en Coatzacoalcos. Queda claro que en Coatzacoalcos y en el estado de Veracruz se deja en estado de indefensión a las víctimas del delito para proteger a los delincuentes», concluyó.




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