Más de mil veracruzanos emigraron por clima de violencia en el estado: CNDH

Gobierno de Duarte sin reconocer a los desplazados por la violencia, asegura diputado del PAN

Xalapa, Ver.-Veracruz aportó al país mil 131 víctimas de desplazamiento forzado causadas por la extorsión, las amenazas, destrucción de casas, asesinato y secuestro de acuerdo al Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno, que presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

En la Cuenca del Papaloapan, Cosamaloapan fue el municipio que se calificó como el principal “expulsor” de las personas desplazadas, la causa: la creciente violencia que el Gobierno estatal dejó de atender en una zona calificada como “caliente”.

Ante estas cifras, el legislador local de Acción Nacional, Carlos Gabriel Fuentes Urrutia apunta que “esta grave situación no es reconocida, y está vinculada a múltiples violaciones a los derechos humanos, principalmente de los sectores más vulnerables”.

Al tener el Gobierno estatal control de los organismos autónomos, como lo es la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), a través de un presidente a modo existieron nulas recomendaciones a las autoridades e instancias gubernamentales.

Mientras que policía estatal a cargo del secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita hizo caso omiso a los llamados que desde la Cámara local realizó la fracción legislativa del PAN para rendir cuentas por la violencia desatada en la entidad, refiere Fuentes Urrutia.

Veracruzanos huyen de la delincuencia, asegura diputado del PAN.

Así también, señaló la necesidad de reconocer de manera oficial la existencia de la problemática para adoptar una postura al respecto, al tiempo que se emprendan acciones específicas en el tema.

“Es necesario establecer esquemas de atención a las víctimas porque la cifra con la que hoy se cuenta no es oficial, es la que logró obtener la CNDH, no obstante hay la gran posibilidad que el número de desplazados sea mucho mayor”, refiere.

El panista, manifestó su preocupación y exhortó a realizar un trabajo conjunto entre los tres niveles de gobierno para empatar estrategias con la finalidad de elaborar un censo estatal e identificar un número más apegado a la realidad.

Lamentablemente, no hay la voluntad gubernamental que lleven a un avance en materia de seguridad y el respeto a los derechos humanos que el propio gobierno vulnera, concluyó el Fuentes Urrutia.