Comunidades Indígenas del Sur de Veracruz Interponen Amparo Colectivo Contra Gasoducto «La Puerta del Sureste»
Comunidades costeras y ribereñas de la laguna del Ostión, pertenecientes a los municipios de Pajapan, Tatahuicapan y Mecayapan, han presentado un amparo colectivo contra la instalación del gasoducto submarino «La Puerta del Sureste».
/ JORGE CÁCERES /
Coatzacoalcos, Ver.—
El megaproyecto, con capital mayoritario de la empresa canadiense TC Energy y un porcentaje menor de la CFE, fue instalado en 2024 sin la consulta ni el consentimiento de los pueblos indígenas nahuas y nuntajiiyi’ que habitan la región y dependen directamente de las actividades marítimas.
La acción legal, respaldada por las firmas de 15 comunidades y presentada el 24 de junio de 2025 en juzgados federales de Coatzacoalcos, busca frenar la puesta en marcha de un proyecto que, según los denunciantes, viola su derecho a la autodeterminación territorial y amenaza gravemente el ecosistema local.
En el comunicado oficial, la organización social no precisa en qué juzgado interpusieron el juicio de amparo, ni si fue concedido por el juez federal. En rueda de prensa, solo comentaron que se interpuso en juzgados federales en Coatzacoalcos.
Un Megaproyecto Impuesto y Sus Consecuencias
Los pescadores, prestadores de servicios turísticos y consumidores de productos marinos de la región denuncian que la instalación del ducto se realizó sin previo aviso.
La inconformidad escaló el 15 de febrero de 2025, cuando una marcha desde San Juan Volador hasta Playa Linda evidenció las primeras afectaciones a la biodiversidad, con la mortandad de peces, tortugas, aves y otras especies marinas tras las pruebas iniciales en los ductos.
«La mayoría de las comunidades no estamos conformes», señalaron representantes del movimiento regional indígena en defensa y respeto por la vida, quienes tras la marcha decidieron proponer a sus asambleas la interposición de un amparo colectivo.
Argumentan que el gasoducto «La Puerta del Sureste», una extensión del gasoducto Sur de Texas-Tuxpan, y que conectará el suministro de gas natural desde Tuxpan hasta puntos de entrega en Coatzacoalcos y Paraíso, Tabasco, tendrá un impacto devastador.
El proyecto, que implica una inversión superior a los 5 mil millones de dólares y abarca un ducto submarino de 715 kilómetros con capacidad para transportar 1,300 millones de pies cúbicos de gas natural por día, generará, según los afectados, mayor contaminación, inseguridad, enfermedades y escasez de agua para las comunidades, mientras que las empresas transnacionales obtendrán ganancias millonarias.
Alianzas y Preocupaciones Ambientales
El movimiento cuenta con el respaldo de organizaciones independientes de derechos humanos y ambientales, entre ellas el Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz Bety Cariño, Colectivo Altepee, APETAC, Greenpeace México, CEMDA, Conexiones Climáticas, TerraVida, UCIZONI, Earthworks y Alianza Mexicana contra el fracking. Estas organizaciones se articulan con otros movimientos a nivel nacional e internacional, como «Ballena o gas» y el pueblo nativo Wet’suwet’en de Canadá, quienes también luchan contra proyectos de gasoductos de TC Energy en sus territorios.
Las comunidades expresan su preocupación por los incontables accidentes, fugas y explosiones en ductos de hidrocarburos, y el efecto de las vibraciones del gas en la migración de los peces, afectando directamente su sustento.
Además, critican que este gas, que se pretende transportar a Europa, Asia y Suramérica, contribuirá drásticamente al calentamiento global en lugar de buscar alternativas de transición energética en manos de los pueblos.
Aunque el proyecto ha generado 4 mil empleos y una derrama económica de mil 500 millones de dólares en contratos de construcción para proveedores locales, las comunidades priorizan la defensa de su territorio y su forma de vida ante lo que consideran una imposición que atenta contra el equilibrio ambiental y social de la región.
Costa Veracruz 
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