Urge Ley Anti Extorsión; cobrador de derecho de piso está libre a pesar de ser vinculado a proceso
La realidad de la impunidad en Veracruz revela una dolorosa verdad que afecta la seguridad y la dignidad de sus habitantes.
Por la falta de una regulación adecuada, un extorsionador está actualmente en libertad en el sur de Veracruz, tras recibir solo medidas cautelares por parte de un juez.
Este caso, lejos de ser aislado, expone un vacío legal que permite que muchos delincuentes, conocidos como cobradores de derecho de piso, eviten la cárcel y sigan vulnerando a las víctimas día tras día.
Precisamente esta semana, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se prepara para dar un paso crucial: deliberar y, posiblemente, aprobar la Ley Anti Extorsión propuesta por Claudia Sheinbaum, presidenta y titular del Poder Ejecutivo.
Esta ley quiere cerrar los huecos en el marco normativo actuales, y ofrecer herramientas jurídicas más contundentes para investigar, atender y proteger a las víctimas, además de prevenir este delito que tanto daño emocional, psicológico y económico causa.
Un caso emblemático ocurrió en Coatzacoalcos, Veracruz, donde un juez vinculó a proceso a José Javier “N”, acusado de extorsión contra una víctima cuyo nombre se mantiene resguardado.
El extorsionador participó en hechos constitutivos de delito ocurridos el 9 de octubre del año en curso, cuando la víctima se encontraba laborando al interior de un establecimiento en donde el ahora vinculado a proceso presuntamente participó en el delito de extorsión.
Aunque el proceso sigue su curso por parte de la Fiscalía General del Estado, el acusado está en libertad bajo medidas cautelares que incluyen firma periódica y prohibición de acercarse a las víctimas y salir del país, dentro del proceso penal 315/2025.
Este escenario ilustra la urgencia de contar con un marco legal robusto y no solamente con La Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión.
Las penas propuestas en la nueva ley variarían según la modalidad del delito, contemplando agravantes para quienes, por ejemplo, sean autoridades o miembros de las Fuerzas Armadas —quienes deberían tener mayor conocimiento y responsabilidad— y atenuantes para quienes cometan el delito por extrema necesidad.
Además, la reforma no solo promueve una ley general contra la extorsión, sino que modifica leyes fundamentales como el Código Penal Federal, la Ley contra la Delincuencia Organizada y la Ley Orgánica del Poder Judicial, para una acción integral y eficaz.
La extorsión golpea el corazón del tejido social, causando miedo y vulnerabilidad. La legislación que se avecina no solo es una necesidad jurídica, sino un clamor para proteger a las familias mexicanas y restaurar la justicia donde hoy reina la impunidad.
Costa Veracruz 
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