Rocío Nahle va contra Yunes Linares; Contraloría Estatal investiga fraude del sistema estatal de videovigilancia
AGENCIAS
Xalapa, Ver., 27 de octubre de 2025. — Según reportes extraoficiales, el gobierno de Veracruz, encabezado por la mandataria Rocío Nahle García, avanza en una investigación de presunto fraude millonario relacionado con el sistema estatal de videovigilancia implementado durante la administración deL ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares (2016–2018).
La obra, que tuvo un costo superior a mil millones de pesos, contemplaba la instalación de más de 6,000 cámaras de seguridad en todo el estado.
Ninguna videocámara funciona de las que instalaron en Coatzacoalcos.
Auditorías oficiales revelaron que solo alrededor de 1,900 cámaras estaban operativas al término del sexenio anterior.
El resto permanecía fuera de servicio o nunca fue instalado, pese a que los contratos fueron liquidados en su totalidad.
De acuerdo con fuentes de la Fiscalía General del Estado (FGE), un juez vinculó a proceso a exfuncionarios de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Secretaría de Finanzas, señalados por autorizar contratos con sobreprecios, irregularidades técnicas y el uso de empresas fantasma.
Las investigaciones continúan tanto en la FGE como en la Fiscalía General de la República (FGR), por los delitos de ejercicio indebido del servicio público y daño patrimonial.
El gobierno estatal informó además que algunas cámaras fueron instaladas sin autorización oficial y vinculadas a particulares e incluso a grupos delictivos, lo que agrava la dimensión del presunto fraude y eleva el riesgo de mal uso de la infraestructura pública de seguridad.
En el ámbito administrativo, la Contraloría General del Estado (CGE) citó a comparecer a la empresa COMTELSAT S.A. de C.V., presunta responsable de faltas graves derivadas de los contratos celebrados con la SSP durante el gobierno yunista.
La audiencia inicial está programada para el 14 de noviembre de 2025, en las oficinas de la Dirección General de Responsabilidades Administrativas, en la ciudad de Xalapa.
Por su parte, el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) detectó en la revisión de la Cuenta Pública 2018 un probable daño patrimonial por 1,116 millones de pesos, al documentar deficiencias sustanciales en el proyecto: solo se instaló el 72 % de las cámaras previstas, de las cuales una gran parte no funciona.
Las autoridades estatales han señalado que el caso se mantendrá bajo investigación y que se buscará recuperar los recursos públicos desviados, así como determinar la responsabilidad penal y administrativa de los involucrados.
Costa Veracruz 
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