Presentan ante la FGR más de 12 mil denuncias por actos de corrupción
Dependencias y organismos del gobierno federal han presentado, de diciembre del año pasado a la fecha, 12 mil 700 denuncias por presuntos actos de corrupción, de las cuales se han judicializado más de 400 casos, con más de 620 detenidos, informó el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero.
En conferencia de prensa, el funcionario reveló que los principales denunciantes son la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Petróleos Mexicanos (Pemex), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República. Denuncias que se han atendido de inmediato, afirmó.
A cuatro meses de haber asumido el cargo, Gertz Manero presentó esta mañana un diagnóstico sobre el estado en que recibió la institución, antes denominada Procuraduría General de la República (PGR).
Había anarquía administrativa en la PGR, afirma Gertz Manero
El fiscal general de la República Alejandro Gertz Manero acusó que heredó una institución -antes PGR-, en «anarquía administrativa», con un «rezago injustificado» de más de 300 mil investigaciones y un descontrol del gasto corriente y en el uso y estado de la flota aérea y terrestre.
Tras estar tres meses fuera de la escena pública, Gertz Manero reapareció ayer para dar un informe sobre los primeros cien días de su gestión; en diciembre fue nombrado fiscal por el Senado de la República.
En la sede de la FGR, el funcionario aseguró que había un desorden en las denuncias o querellas que se presentaban, ya que cada unidad recibía los casos que quería o le convenía, sin orden, ni verificación.
Incluso, afirmó que se encontró con «asignaciones desproporcionadas e ilógicas, como son de mil casos para una sola persona, hasta numerosos Ministerios Públicos que no tenían asignada ninguna carpeta o averiguación».
Según los resultados de su diagnóstico, las sentencias definitivas obtenidas por el Ministerio Público Federal no alcanzaban más del 5% del volumen total de los asuntos tramitados.
«No existía un control integral de calidad en la judicialización de las carpetas de investigación, ya que únicamente se prestaba asistencia técnica al Ministerio Público por excepción y en casos muy contados», exhibió.
Además, expuso el fiscal, no había ningún sistema efectivo para comprobar el cumplimiento de mandamientos judiciales y peritajes, lo que generó un rezago por parte de la Policía Federal Ministerial, de más de 21 mil órdenes de aprehensión incumplidas y más de 28 mil mandamientos ministeriales en igual situación.


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