Fiscalía estatal de Veracruz, entre las peor evaluadas

La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) se ubicó en las últimas posiciones en el Índice Estatal de Desempeño de las Procuradurías y Fiscalías 2019.

La organización Impunidad Cero presentó la tercera edición de su índice, en el cual la fiscalía estatal ocupó el lugar 31 de 32, a nivel nacional.

La entidad descendió tres puntos porcentuales, puesto que en 2018 se ubicó en la posición 28.

La FGE, que hasta el martes dirigió Jorge Winckler, salió reprobada en la mayoría de los indicadores con altas tasas de impunidad en los casos de homicidios, poca efectividad en el sistema acusatorio y mayor tiempo de espera en denuncias, entre otros.

Entre sus conclusiones, el informe destacó que a nivel nacional la probabilidad de que se denuncie y esclarezca un delito en Veracruz es de 1.3%, ligeramente superior a 1.14% del Índice 2018.

En cuanto al indicador de tiempo de espera -el cual analiza el tiempo que debe aguardar una persona para denunciar un delito en la fiscalía o procuraduría de su entidad- el estado es el cuarto con mayor demora; el denunciante espera un promedio de 208.56 minutos, es decir, cerca de tres horas.

Sobre el nivel de confianza de la población a la fiscalía, Veracruz ocupó la posición 26 de 32, con 52.1 puntos porcentuales.

En el índice de efectividad del sistema penal acusatorio, la entidad registra 16.9%, quedando por debajo de la media nacional, que se ubica en 19.40%.

De ahí que Veracruz haya obtenido 1.3 puntos porcentuales en el esclarecimiento del delito, la media nacional es también de 1.3 puntos. En contraste, Baja California ocupó el primer lugar, con una efectividad de esclarecimiento de 3.4, mientras que el estado de Guerrero obtuvo sólo 0.2 puntos.

Respecto la impunidad en homicidios dolosos, el estado se ubica en la sexta posición, con 96.2 puntos.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz tomaron las instalaciones de la fiscalía estatal e impidieron el paso a diputados panistas opositores a la destitución del fiscal General del Estado, Jorge Winckler Ortiz, por carecer de los exámenes de control de confianza exigidos en la ley para ocupar ese cargo.