Crimen se diversifica: crea 50 comercios «legales» en 9 estados
NARCO MANTA
De acuerdo con investigaciones de autoridades mexicanas y estadounidenses, los grupos criminales que operan en el país se han aprovechado de sus vínculos políticos, judiciales y sociales para infiltrarse y montar negocios legales, principalmente para lavar dinero.
Se tiene identificado que, en al menos nueve estados del país, diferentes organizaciones criminales han logrado montar negocios lícitos en 50 distintas ramas, actividades o giros que van desde pequeños comercios hasta grandes cadenas que les dejan ganancias millonarias.
Los negocios varían dependiendo de la vocación productora de cada entidad.
Especialistas alertan que muchos capos del crimen quieren migrar a negocios bien establecidos para dejar un patrimonio «lícito» a sus familiares y tratar de evadir las redes policiales.
Documentos federales estadounidenses describen al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como una organización criminal con una estructura económica diversificada. El narcotráfico continúa como su principal fuente de poder, pero no la única: robo y contrabando de combustibles, fraude en tiempos compartidos, la extorsión, el secuestro, el tráfico de migrantes, la corrupción y el control de empresas legales son parte de sus otros «negocios».
Las ganancias circulan mediante efectivo, compañías, facturas, transferencias, operaciones comerciales, criptomonedas y redes profesionales de lavado.
El 23 de julio de 2026, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a más de 50 personas y empresas mexicanas vinculadas al CJNG. Fue la mayor acción de esa oficina contra el cártel.
El CJNG se maneja como una economía criminal diversificada. En julio de 2025, Vanda Felbab-Brown, investigadora de Brookings, declaró ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado que los grandes cárteles mexicanos «penetraron la pesca legal e ilegal, la agricultura, la minería y la venta de alcohol y tabaco. La posesión de empresas y activos les permite guardar ganancias, dominar proveedores y empleos, imponer condiciones comerciales y ampliar su influencia sobre autoridades y comunidades».
En su testimonio, Felbab-Brown señaló que la diversificación de negocios no se limita a prácticas de extorsión de negocios legales e ilegales, sino que «alcanza la adquisición real de activos importantes en esas economías».
«Lavado» profesional y redes chinas
Las redes chinas de «lavado» conectan los dólares del narcotráfico con ciudadanos chinos que buscan sacar capital de su país.
El cártel entrega dólares dentro de Estados Unidos; la red le paga en pesos en México y vende los dólares a compradores interesados en adquirir bienes o inversiones fuera de China. Los pagos compensatorios permiten completar la operación mediante movimientos internos en cada país.
Siendo subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson afirmó en un testimonio que «pueden mover valor a través de fronteras sin trasladar efectivo, hacer pagos transfronterizos o siquiera utilizar el sistema financiero formal, lo que dificulta su detección».
Las redes usan relaciones personales, aplicaciones cifradas, cuentas bancarias, criptomonedas, bienes raíces, vehículos, mercancías de lujo y comercio internacional.
En julio de 2026, el Tesoro sancionó a siete operadores que, según la dependencia, recogían efectivo del narcotráfico en varias ciudades estadounidenses, transferían el valor mediante diferentes instrumentos y devolvían el dinero a sus propietarios en México. La red habría lavado decenas de millones de dólares por año desde 2023 y cobrado una comisión.
Empresas legales y alcance de las sanciones
Las autoridades estadounidenses han localizado compañías vinculadas con el CJNG en turismo, tiempos compartidos, centros comerciales, bienes raíces, restaurantes, agricultura, tequila, construcción, ropa, madera, suplementos, gasolinerías, petróleo y gas, transporte, logística, seguridad privada y servicios financieros. Algunas conservan activos; otras justifican transferencias, reciben pagos, transportan productos o esconden al beneficiario real.
Existen empresas sometidas a extorsión o proveedores que pueden relacionarse con operadores sancionados sin que todos sus empleados conozcan el vínculo.
Los abogados de Holland & Knight advirtieron que el escrutinio se había extendido a la agroindustria de Jalisco y Michoacán, donde actores criminales pueden influir en tierras, logística, producción y comercialización, extraer dinero mediante coacción o integrarse en cadenas de suministro. La presencia criminal dentro de una cadena productiva exige revisar propietarios, proveedores, transportistas, pagos y autoridades relacionadas; carece de capacidad para convertir automáticamente en responsables a todas las compañías del sector.
Estados
En Jalisco, estado base del Cártel Jalisco Nueva Generación, se conoce que el grupo criminal está vinculado a tiempos compartidos, tequileras, call centers, gasolinerías, tiendas mayoristas de ropa, calzado infantil y licorerías.
También se le relaciona con empresas constructoras, de seguridad privada y de renta de camionetas de lujo para transporte, según información del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que utilizaría para lavar dinero.
Acorde con la misma fuente, también tienen fábricas de muebles que usan como fachada para la producción de metanfetaminas; empresas agrícolas y agropecuarias, empresas de logística de transporte y de suplementos alimenticios para ocultar activos financieros del cártel.
Operan centros de rehabilitación o anexos para reclutar o esconder personas, y promotoras de espectáculos y artistas, como el caso de Los Alegres del Barranco.
En Nuevo León, el Cártel del Noreste (CDN) ha utilizado decenas de empresas de transporte, logística y comercialización de hidrocarburos para mover mercancías y ocultar recursos, de acuerdo con reportes de autoridades mexicanas y de Estados Unidos.
En Chihuahua, reportes oficiales detallan que grupos del Cártel de Juárez y Cártel de Sinaloa operan negocios como restaurantes, sobre todo en Chihuahua capital; comercializadoras de madera en la sierra, ganado, producción de queso, lecherías, seguridad privada, hoteles e inmobiliarias que utilizan para lavado de dinero con prestanombres.
En Nayarit, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos tiene documentado que el CJNG opera tiempos compartidos en Rivera Nayarit y Puerto Vallarta para «lavado» de dinero, así como empresas agrícolas y agropecuarias.
En Colima, este grupo delictivo maneja gasolinerías y restaurantes que han sido sancionados por autoridades estadounidenses.
En Durango, donde operan el grupo Los Cabrera y Los Mayos, del Cártel de Sinaloa, se les involucra en el sector inmobiliario y actividades agropecuarias.
En Chiapas se especula que peluquerías llamadas barbershops, que han florecido en Tuxtla Gutiérrez, y farmacias serían utilizadas para el «lavado» de dinero. Sin embargo, autoridades señalan que no hay denuncias oficiales.
En Puebla se sabe que, mediante extorsión, células de diversos grupos criminales obligan a gasolinerías a vender combustible robado. Bajo el mismo método obligan a autoridades municipales a contratar constructoras y empresas proveedoras cercanas a sus intereses.
En Sonora se tiene detectada la operación de células de diversos cárteles, como el Independiente de Sonora, el De Sinaloa, el CJNG, el Cártel de Caborca, La Línea y los remanentes de Los Beltrán Leyva.
Estos grupos operan empresas de bienes raíces, deshuesaderos, compra y venta de autos usados, empresas de transporte y logística, restaurantes, bares y centros nocturnos, promotoras y empresas organizadoras de eventos artísticos.
En Sinaloa, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos tenía documentado en 2007 bienes y activos de las dos principales figuras del Cártel de Sinaloa, Ismael «El Mayo» Zambada García y Joaquín «El Chapo» Guzmán Loera.
La Oficina de Control de Activos de Extranjeros divulgó un listado de 13 empresas en las ramas agrícolas, educativas, de entretenimiento, construcción, prestación de servicios, ganadería y una industria lechera ligadas a la primera esposa de «El Mayo» Zambada, Rosario Niebla Cardoza, y a sus hijas.
También se mencionaba una estancia infantil que tenía convenio con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), una empresa de diseños, autotransportes, un parque acuático, centros comerciales, desarrollos habitacionales, casinos y ranchos.
El 12 de junio de 2012, la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos congeló todos los activos de María Alejandrina, la primera esposa de «El Chapo».
Entre sus negocios se mencionaron inmobiliarias, hoteles y desarrollos habitacionales en Mazatlán y Culiacán, en Sinaloa.
También se investigó a cinco familias, que se presume lavaban dinero para «El Chapo» en giros que incluían plataformas de criptomonedas, farmacias, gasolinerías, refaccionarias, prestadores de servicios, construcción de conjuntos inmobiliarios y autotransportes terrestres.
Datos
- 23 julio de 2026 el Departamento del Tesoro sancionó a 50 personas y empresas mexicanas ligadas al CJNG.
- 13 empresas ligadas a «El Mayo» y familia fueron identificadas por la Oficina de Control de Activos de Extranjeros.
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